Este fenómeno no solo implica retos en términos de persecución internacional de delitos, sino que también abre un amplio abanico de cuestiones diplomáticas y legales. España posee una extensa red de convenios de extradición con diversos países del mundo, sin embargo, hay naciones con las que no ha firmado tales acuerdos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas opciones no son tan eficientes y efectivas como la extradición, ya que pueden requerir una mayor negociación y cooperación entre los países involucrados.

Es importante destacar que la falta de tratados de extradición no significa que España no pueda investigar o juzgar a personas acusadas de delitos graves que se encuentren en estos países.

La falta de acuerdo de extradición dificulta la entrega de un fugitivo a España, ya que no se puede solicitar oficialmente su extradición a estos países.

Otra alternativa es la utilización de la vía diplomática, en la cual los países involucrados negocian de manera directa y buscan soluciones para la entrega de individuos buscados. Esta vía puede ser más compleja y tomar más tiempo, pero ha demostrado ser efectiva en algunos casos.

La extradición es un proceso por el cual un país entrega a una persona acusada de un delito a otro país que lo solicita para ser juzgada o cumplir una condena.

¿Qué criterios pueden influir en la decisión de un país sin acuerdo de extradición con España al considerar una solicitud de extradición?

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En la actualidad, hay 121 países con los que España no tiene tratado de extradición vigente y en los que, por lo tanto, no hay garantías de entrega de fugitivos salvo que se llegue a un acuerdo entre los respectivos gobiernos.

Aunque no exista un acuerdo específico de extradición, la extradición aún puede ser posible si el país en cuestión tiene tratados de derechos humanos con España que incluyan cláusulas de cooperación en materia penal. Sin embargo, las garantías de derechos humanos pueden servir también como un argumento en contra de la extradición si hay riesgos de que la persona sea sometida a tortura, tratos inhumanos o degradantes, o si la persona enfrenta la pena de muerte. En estos casos, la extradición podría estar condicionada a ciertas garantías o ser denegada.

El capítulo más controvertido tuvo lugar en 2018, cuando las autoridades estadounidenses lo acusaron por primera vez de engordar las ventas de la firma, engañar a los reguladores y estafar a su potencial comprador en la operación de venta de Autonomy a Hewlett-Packard en el 2011, por el que pidió eleven.one hundred millones de dólares.

España tiene medidas para combatir la impunidad en estos países, como la cooperación judicial internacional y la colaboración con la Interpol.

Ante la imposibilidad de recurrir a la extradición convencional, España y los países en cuestión pueden explorar alternativas legales y diplomáticas. Estas alternativas pueden variar desde acuerdos advertisement hoc hasta la utilización de organismos internacionales de cooperación policial, como Interpol.